El código de buenas prácticas, establecido en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, constituye un marco regulador destinado a facilitar la reestructuración de deudas hipotecarias para individuos que enfrentan dificultades significativas en el pago de las mismas. Además, busca flexibilizar los procedimientos de ejecución hipotecaria. Este código cuenta con la adhesión de la mayoría de las entidades bancarias en España, incluyendo instituciones como CaixaBank, BBVA, Banco Santander o ING Bank.
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El Código se aplica a deudores hipotecarios que se encuentren en el umbral de exclusión, así como a sus fiadores o avalistas, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios establecidos.
Los deudores se consideran en el umbral de exclusión si cumplen con requisitos como:
Para demostrar el cumplimiento de los requisitos, se solicita una variedad de documentos, que incluyen certificados de ingresos, nóminas, certificados de prestaciones por desempleo, entre otros.
El código de buenas prácticas establece medidas tanto previas como complementarias a la ejecución hipotecaria:
Medidas previas a la ejecución hipotecaria: reestructuración de la deuda
Los deudores pueden solicitar la reestructuración de su deuda hipotecaria antes de que se anuncie la subasta de la vivienda. Esta reestructuración puede incluir carencia en la amortización de capital, ampliación del plazo de amortización y reducción del tipo de interés.
Medidas complementarias
En caso de que el plan de reestructuración sea inviable, los deudores pueden solicitar una quita en el capital pendiente de la hipoteca.
Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria: dación en pago
Si ni la reestructuración ni las medidas complementarias son viables, el deudor puede solicitar la dación en pago de su vivienda habitual, cancelando así la totalidad de la deuda hipotecaria.
Derecho de alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual
El deudor ejecutado puede solicitar al acreedor el alquiler de su vivienda por un periodo determinado, si se suspende el lanzamiento y se cumplen ciertas condiciones.
En resumen, el código de buenas prácticas ofrece un conjunto de medidas destinadas a aliviar la carga financiera de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad, proporcionando alternativas que buscan evitar la pérdida de la vivienda habitual y mitigar las consecuencias de la ejecución hipotecaria.
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