La Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, representa un paso significativo hacia la armonización de las normativas de insolvencia y reestructuración en la Unión Europea. Su objetivo principal es mejorar el funcionamiento del mercado interior, facilitando a las empresas en dificultades financieras el acceso a marcos efectivos de reestructuración preventiva y ofreciendo a los empresarios de buena fe una segunda oportunidad mediante la exoneración de deudas después de un período razonable. Además, busca aumentar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia y reestructuración, con un enfoque especial en la reducción de su duración y en la maximización del valor para los acreedores, propietarios y la economía en su conjunto.
Mejoras en la reestructuración preventiva y acceso a una segunda oportunidad
La Directiva establece marcos de reestructuración preventiva que permiten a las empresas continuar con su actividad, reorganizando su estructura de capital y operativa de manera temprana, evitando la insolvencia y limitando la liquidación innecesaria de entidades viables. Además, promueve la exoneración completa de deudas para los empresarios insolventes o sobreendeudados de buena fe después de un tiempo determinado, ofreciendo así una verdadera segunda oportunidad y estimulando el espíritu emprendedor.
Aumento de la eficiencia en los procedimientos de insolvencia y reestructuración
La Directiva apunta a reducir las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, reduciendo los costes y aumentando la previsibilidad para los inversores. Establece principios para la reestructuración eficaz de deudores en un momento temprano y mejora la eficacia de los procedimientos de reestructuración y exoneración de deudas.
Protecciones y medidas de apoyo
Incluye disposiciones para proteger los derechos de los trabajadores durante los procedimientos de reestructuración, asegurar la formación adecuada de los administradores concursales y facilitar el uso de medios electrónicos para aumentar la eficiencia de los procedimientos. Además, aboga por nuevas financiaciones y transacciones necesarias durante la reestructuración, protegiéndolas contra la revocación en futuros procedimientos de insolvencia.
La implementación de esta Directiva supone un desafío y una oportunidad para los Estados miembros de la UE, alentándolos a modernizar y armonizar sus legislaciones nacionales sobre insolvencia y reestructuración, lo que resultará en un entorno más favorable para la recuperación empresarial y el crecimiento económico sostenible.
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