El silencio administrativo es una figura del derecho que se refiere a la respuesta tácita que se atribuye a la Administración en ausencia de una resolución expresa dentro del plazo legalmente establecido respecto a una solicitud presentada por un ciudadano. Esta figura se encuentra regulada en los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015.
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Puede ser positivo o negativo, dependiendo de sus efectos:
Este silencio positivo implica la estimación de la solicitud por parte de la Administración cuando vence el plazo máximo sin que se haya notificado una resolución expresa. Este tipo de silencio tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
Por otro lado, este silencio negativo implica la desestimación de la solicitud cuando no se emite una resolución expresa en el plazo establecido. Su principal efecto es permitir a los interesados interponer el recurso administrativo correspondiente.
El efecto estimatorio del silencio administrativo se produce en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Si vence el plazo máximo sin que se haya notificado una resolución expresa, se entiende que la solicitud ha sido estimada por silencio administrativo, salvo que exista una norma que establezca lo contrario.
Por otro lado, el efecto desestimatorio del silencio se da en procedimientos como el ejercicio del derecho de petición, actividades que puedan dañar el medio ambiente, entre otros. En estos casos, el silencio implica la desestimación de la solicitud.
La Administración tiene la obligación de resolver de manera expresa cualquier procedimiento administrativo, incluso cuando haya vencido el plazo establecido y se haya producido el silencio. Esta resolución debe notificarse a los interesados.
Los actos administrativos producidos por silencio administrativo son válidos y pueden hacerse valer ante la Administración y terceros. La existencia del silencio puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo expedido por el órgano competente.
En resumen, el silencio administrativo es un mecanismo legal que busca proteger los derechos de los ciudadanos ante la inacción de la Administración en la resolución de los procedimientos administrativos. Es importante entender sus tipos y efectos para garantizar una adecuada aplicación de este principio jurídico.
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