La responsabilidad patrimonial es un principio legal que implica la obligación de una persona física o jurídica de reparar el daño causado a un tercero con sus bienes o derechos. Este concepto encuentra su base en el Código Civil español y se amplía significativamente en el ámbito de la Administración Pública, según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
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La regulación fundamental de la responsabilidad patrimonial se encuentra en el Código Civil, específicamente en su Título XVI, Capítulo II, artículo 1902. Este artículo establece que aquel que, por acción u omisión, cause daño a otro con culpa o negligencia, está obligado a reparar dicho daño.
Sin embargo, en el contexto de la Administración Pública, la responsabilidad patrimonial se rige por los preceptos del Capítulo IV de la Ley 40/2015. Esta legislación establece los criterios y procedimientos para la indemnización de daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos.
Según el Diccionario del Español Jurídico, la responsabilidad patrimonial implica la obligación de reparar un daño con cargo al patrimonio de quien lo ha causado. En el caso de la Administración Pública, esta obligación se traduce en la indemnización por lesiones causadas por sus actividades, salvo en casos de fuerza mayor o cuando el particular tenga el deber jurídico de soportar el daño.
Los particulares afectados por la Administración Pública tienen derecho a ser indemnizados por cualquier lesión sufrida en sus bienes y derechos, siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Esta indemnización está sujeta a condiciones como la efectividad del daño, su evaluabilidad económica y su individualización respecto a una persona o grupo de personas.
Cuando el daño proviene de la aplicación de una norma declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión Europea, procede la indemnización si el particular ha obtenido una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño. En estos casos, deben cumplirse ciertos requisitos adicionales, como la existencia de una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta por el Derecho y el daño sufrido por los particulares.
La responsabilidad patrimonial es un principio esencial en el ámbito legal, que establece la obligación de reparar los daños causados a terceros. Tanto en el contexto general como en el específico de la Administración Pública, su regulación proporciona un marco jurídico que garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos frente a posibles perjuicios derivados de la acción estatal.
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