El peligro de convertir todo sobreendeudamiento en mala fe
La Ley de Segunda Oportunidad nació para ofrecer una salida a las personas insolventes de buena fe. Sin embargo, la evolución de la jurisprudencia reciente está provocando una deriva preocupante: cada vez más resoluciones judiciales parecen partir de una sospecha generalizada sobre el deudor.
Lo que antes era una institución orientada a dar una segunda oportunidad se está convirtiendo, en algunos casos, en una carrera de obstáculos en la que todo puede interpretarse como indicio de fraude o mala fe. Y el problema es que el sobreendeudamiento, precisamente el supuesto para el que fue creada la ley, está siendo tratado por algunos tribunales como si fuera una conducta reprochable.
Endeudarse demasiado no es un fraude
La inmensa mayoría de las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad lo hacen porque han perdido el control de su economía. Muchas veces encadenan préstamos, refinanciaciones o microcréditos tratando de sobrevivir, pagar otras deudas o mantener a sus familias. Eso es sobreendeudamiento, pero no es fraude, ni tampoco mala fe. Si una persona no hubiera llegado a una situación de endeudamiento excesivo, probablemente nunca habría necesitado acudir a la Ley de Segunda Oportunidad. Sin embargo, algunas resoluciones judiciales parecen sostener justo lo contrario: cuanto más endeudado está el deudor, menos merece la exoneración. Un razonamiento difícil de entender.
Una peligrosa tendencia a sospechar del deudor por sistema
En los últimos meses se aprecia una tendencia preocupante tanto en algunos juzgados mercantiles como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: se amplía cada vez más el concepto de mala fe.
Se examina:
- Cuántos préstamos solicitó.
- En cuánto tiempo los pidió.
- Si utilizó tarjetas revolving.
- Si recurrió a microcréditos.
- Si continuó endeudándose cuando ya tenía dificultades económicas.
Y, en ocasiones, de esos hechos se extrae directamente una conclusión de fraude o mala fe. Pero el problema es evidente, la ley no dice que endeudarse sea ilícito, la ley no exige que el deudor sea un experto financiero, la ley no exige haber tomado siempre decisiones económicas acertadas, la ley exige buena fe, no perfección.
El Tribunal Supremo parece olvidar para qué existe la Ley de Segunda Oportunidad
La reciente línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, especialmente en materia de sobreendeudamiento irresponsable, corre el riesgo de introducir por vía interpretativa requisitos que el legislador nunca estableció. Porque si pedir demasiados préstamos es mala fe, si equivocarse financieramente es mala fe, si intentar refinanciarse es mala fe, si acudir al crédito para sobrevivir es mala fe. Entonces la pregunta es inevitable:
¿Para quién queda la Ley de Segunda Oportunidad?
Porque el deudor ideal que parecen exigir algunas resoluciones judiciales simplemente no existe. La insolvencia casi siempre es consecuencia de errores, excesos, malas decisiones o circunstancias personales difíciles, eso no convierte automáticamente al deudor en un defraudador.
Los juzgados se están excediendo
Resulta llamativo comprobar cómo determinadas resoluciones convierten la excepción en regla. La mala fe, que debería requerir una conducta claramente dolosa o fraudulenta, se presume cada vez con mayor facilidad y eso supone una inversión peligrosa del sistema. La Ley de Segunda Oportunidad no nació para proteger únicamente al deudor perfecto, nació para rescatar al deudor honesto que fracasó, porque fracasar económicamente no es un delito, porque pedir demasiados préstamos no es, por sí solo, un fraude. Y porque el sobreendeudamiento es precisamente el problema que la ley pretendía solucionar, no una razón para dejar sin protección a quien más la necesita.
Una interpretación que amenaza con vaciar de contenido la ley
Si se continúa ampliando el concepto de mala fe hasta identificarlo con cualquier conducta económicamente imprudente, la Ley de Segunda Oportunidad corre el riesgo de perder su razón de ser. La consecuencia será clara: Muchos deudores honestos quedarán atrapados para siempre en una espiral de deuda y una ley concebida para ofrecer una segunda oportunidad acabará convirtiéndose en una institución reservada únicamente para quienes nunca cometieron errores financieros. Paradójicamente, cuanto más se endurecen los criterios y más se identifica el sobreendeudamiento con fraude, más se aleja la jurisprudencia del espíritu con el que nació la Ley de Segunda Oportunidad y de la filosofía de la Directiva europea que la inspira.
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